La emergencia del COVID-19 ha mostrado las diversas falencias de los sistemas de salud públicos de América Latina y el Caribe, y como en anteriores crisis, se han visto afectadas las atenciones en salud sexual y reproductiva, incluido el aborto.
Historiadora feminista, docente universitaria y Magister en género y desarrollo por Flacso, Ecuador.
La emergencia del COVID-19 ha mostrado las diversas falencias de los sistemas de salud públicos de América Latina y el Caribe, y como en anteriores crisis, se han visto afectadas las atenciones en salud sexual y reproductiva (SSR), incluido el aborto. Ello ha sucedido no solo por la creciente demanda de atenciones en salud y el evidente déficit de profesionales sanitarios en muchos países de la región sino porque a ello se suman las diversas estrategias de los grupos antiderechos para poner trabas legales, objetar guías técnicas, o generar crisis políticas alrededor del acceso al aborto legal en tiempos de pandemia. Si bien el 25 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a los servicios relacionados con la salud reproductiva como un servicio esencial y de alta prioridad, en algunos países se han sucedido una serie de estrategias que buscan limitar los servicios de SSR.
Al poco tiempo de iniciada la emergencia en los EE.UU., donde se vienen desplegando una serie de estrategias para limitar el acceso al aborto legal desde el inicio de la era Trump, varios estados dejaron de brindar los servicios de aborto. La justificación fue la de reservar instalaciones y equipos de protección personal para el tratamiento del pacientes COVID-19. Sin embargo, ello no convenció a los jueces y un tribunal obligó al estado de Texas a restaurar el acceso al aborto el 22 de abril.
Como sugiere Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), «Las clínicas de Texas tienen enormes listas de espera. Tardarán semanas, o meses, en ver a todas las pacientes». Ello, como sabemos, tendrá como consecuencia para las mujeres más vulnerables, como las migrantes indocumentadas, en posibles consecuencias de aborto inseguros o el incremento de embarazos no deseados. Para Northup, los vetos durante la pandemia forman parte de una campaña de los grupos antiderechos y los estados conservadores que aspiran a que el Tribunal Supremo les permita prohibir el aborto, por lo cual “están aprovechando de la situación para sus metas políticas». Más recientemente, una nota de prensa de las Naciones Unidas indicó que Estados Unidos estaría usando la crisis del COVID-19 para restringir el acceso al aborto.
«Las clínicas de Texas tienen enormes listas de espera. Tardarán semanas, o meses, en ver a todas las pacientes (…) Se están aprovechando de esta situación para sus metas políticas».
– Nancy Northup, CRR
«Resulta incoherente que hablen de cuidar y salvar la vida de los argentinos mientras cometen graves atropellos a este derecho y priorizan el descarte de personas como servicio esencial. Repudio este atropello al derecho humano fundamental y primero de todos: el derecho a la vida».
– Dina Rezinovsky, diputada argentina
Así también, esta situación se repitió en otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y más recientemente Perú. En Brasil, durante el primer mes de la pandemia, el portal de noticias Azmina reportó que el Hospital Pérola Byington de la ciudad de San Paulo dejó de brindar los servicios de aborto. De acuerdo a las respuestas del hospital, estaban reconcentrando su atención por la pandemia. Finalmente, luego de diversos pronunciamientos, el servicio fue repuesto el 30 de marzo.
Argentina, con un importante reconocimiento internacional por un adecuado manejo de la crisis por el ejecutivo, ha recibido presiones de los sectores conservadores desde el legislativo. Un grupo de legisladores, entre ellos Dina Rezinovsky y al menos una decena de diputados del Pro, exigieron informes al ministerio de Salud sobre las compras y contrataciones de misoprostol. De acuerdo a los medios argentinos, ello fue planteado como reacción luego de que el ministerio de Salud confirmara que el acceso a anticonceptivos y a la ILE son servicios esenciales.
Más recientemente, en Colombia se ha producido una campaña desde CitizenGo contra los dos principales servicios de aborto legal difundiendo información falsa y buscando desprestigiarlos.
En el Perú, como señala Wayka, el 5 de mayo la congresista Luz Cayguaray (Frepap) envió un oficio al ministro de Salud, Víctor Zamora, para expresar preocupación sobre una directiva sanitaria para atención de gestantes y planificación familiar, la cual incluye valorizar la interrupción del embarazo cuando se encuentre en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID-19. Dicha directiva iría en consonancia con la despenalización del aborto terapéutico, vigente desde 1924 y su reglamento de 2014.
La estrategia de generar crisis política se inició a fines de abril cuando ACI Prensa publicó un artículo acusando al ministro de Salud de “manipular la emergencia por coronavirus para impulsar el aborto”. Además, criticó la entrega de la pastilla del día siguiente, aun cuando sobre esta última se desestimaron demandas contra su reparto gratuito en 2019.
En paralelo a ello, Carlos Polo, representante de la organización conservadora Population Research Institute (PRI), declaró a ACI Prensa: “tenemos un ministro de Salud en el Perú que está pensando en matar seres humanos inocentes sin ningún respaldo científico”. También se ha sumado la Asociación de Médicos por la Vida de Arequipa (región sur del país), que en un pronunciamiento sostiene que las medidas adoptadas atentan contra los más vulnerables.
Uno de los medios preferidos para difundir estos mensajes es el WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial. En ella, grupos como Arequipa Provida, a través de un video, llaman a la acción contra las acciones del gobierno y el ministro de Salud. Todo ello en momentos en que el ministro Zamora recibió diversos ataques de sectores políticos de la oposición, ahora muy disminuidos en el nuevo Congreso.
¡ALERTA PROVIDA!??¡NO PERMITAS QUE TE ENGAÑEN! ??El Ministerio de Salud a través de la Directiva Sanitaria N° 094- MINSA/2020/DGIESP dictó normas antivida en los numerales 6.3.14. (Valorar finalizar el embarazo, en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo la vida de la gestante infectada por COVID-19) y 6.4.2. (…entrega de AOE, especialmente de progestágeno /levonorgestrel a todas las usuarias que lo requieran, incluyendo adolescentes, sin necesidad de tener historia clínica...)Resulta indignante la postura del ejecutivo en medio de la precariedad del sistema de salud en el Perú. Reacciona y comparte.#SoyProvida #Provida #Arequipa #COVID #ElPerúPrimero #Cuarentena #Perú #SalvemosALas2 #OlaCeleste
Posted by Arequipa Provida on Friday, May 8, 2020
Diversas organizaciones han reiterado la necesidad de que los estados reconozcan los servicios de SSR como servicios esenciales y urgentes. Como sugieren Casas y Grover, los gobiernos deben garantizar el acceso a información y servicios de anticoncepción (incluido el aborto) así como asegurar la disponibilidad de anticonceptivos y redistribuir los insumos disponibles entre las distintas localidades e, incluso, países.
Además, otras organizaciones han llamado la atención sobre la necesidad de asegurar personal, insumos y medicamentos, incorporar la telesalud, adaptar los diversos niveles de atención para la provisión de servicios de SSR ambulatoria, facilitar la entrega de recetas y no extender tiempos de espera para servicios, incluidos el aborto. La crisis sanitaria obliga a las organizaciones de la sociedad civil a vigilar con mayor atención el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a quienes buscan hacerlos retroceder.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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