En varias ciudades del país, se registraron movilizaciones contra el presupuesto nacional 2021 aprobado por la mayoría oficialista del Congreso el 18 de noviembre. Sus principales críticos cuestionaban que haya sido negociado sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la nación. Cabe recordar que el 59,3% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años.
A pesar de ello, el presupuesto aprobado reducía las partidas para para los sectores salud, educación, justicia y derechos humanos, mientras que aumentaba la partida para el desarrollo de infraestructura (a cargo de concesiones otorgadas a firmas constructoras del sector privado) y destinaba $12 millones de dólares para la construcción de una nueva sede congresal.
El sábado 21, miles de personas se reunieron en una concentración pacífica en el centro histórico donde, además de solicitar el veto al presupuesto, exigían la renuncia presidencial. Las protestas llegaron a un punto álgido cuando un grupo de manifestantes encapuchados incendió y destrozó parcialmente las oficinas del Congreso. Amnistía Internacional señaló que la represión policial contra los manifestantes y transeúntes fue sumamente grave: “es claro que las autoridades guatemaltecas han violado los estándares internacionales del uso de la fuerza y han atacado el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El lunes 23, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, anunció que suspenderían el trámite: “Pese a que hemos cumplido nuestra función constitucional, con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo Legislativo para el periodo 2021”.
Las protestas continuaron durante las siguientes semanas, con la participación de miles de ciudadanos, estudiantes y profesores universitarios, miembros de organizaciones indígenas y grupos feministas, hasta que el 8 de diciembre el Congreso guatemalteco mandó al archivo los decretos de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2021 para que no cobren efecto jurídico. Por lo tanto, para el próximo año se mantendrá vigente el presupuesto del año 2020.
