El líder y fundador del colectivo "Con mis hijos no te metas" criticó al gobierno de Martín Vizcarra por prohibir la celebración de eventos religiosos, medida que se encuentra vigente desde el inicio del estado de emergencia nacional para evitar aglomeraciones que pongan el riesgo la salud pública frente al COVID-19.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
«Una pandemia puede restringir derechos, pero no abolirlos. El derecho a la libertad religiosa no puede quedar abolida”, señaló Christian Rosas, vocero y fundador del colectivo “Con mis hijos no te metas” en una entrevista televisiva en el programa ATV Noticias Al Estilo Juliana, el 29 de julio.
El hijo del excongresista y pastor Julio Rosas reclamó que la Iglesia no haya sido incluida como una “actividad esencial” en ninguna de las cuatro fases de reactivación económica anunciadas por el gobierno peruano. De manera indirecta, puso a la Iglesia al mismo nivel de otras actividades con fines de lucro.
“Si ya se permite la aglomeración social, con medidas de bioseguridad, en las farmacias, bancos o mercados, ¿por qué no se respeta y se permite en las iglesias? La prerrogativa de elegir qué es esencial no es del Estado, es del ciudadano”, precisó.
En otro momento de la entrevista, refirió que “la libertad de reunirse o no reunirse corresponde al ser humano y no al Estado ni a los medios de comunicación ni a las instituciones” y llamó a las autoridades a cautelar que nadie impida su derecho a ejercer su libertad religiosa.
Mensaje del Facebook personal de Christian Rosas, que llamaba a la desacatar las medidas de cuarentena y aislamiento social porque «más vale obedecer a Dios que a los hombres».
La conversación alcanzó un punto álgido cuando Juliana Oxenford, la entrevistadora, le preguntó sobre el alto costo de vidas humanas perdidas que implicaría la celebración de cultos religiosos en estos momentos:
Finalmente, Christian Rosas insistió en que el Estado debería permitir la aglomeración en las iglesias y que la responsabilidad de ir o no al templo, y de exponerse y asumir el riesgo, recae sobre el individuo y no es del Estado. “La libertad está por encima de cualquier restricción o pandemia. Es mejor morir libres que vivir esclavos. La verdad nos hace libres. No debemos de permitir vivir sumisos en el pánico o el temor”.
Tras la entrevista, la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú (IEPRP) emitió un pronunciamiento firmado por su presidente, el pastor Roger Araujo Solano, en el que marcaron distancia de las declaraciones de Rosas.
“Rechazamos las versiones que en el Perú se haya abolido la libertad de conciencia y de religión, toda vez que las Iglesias de todas las confesiones continúan su vida y misión, como iglesia esparcida y doméstica, celebrando su fe en familia, a través de los medios virtuales. No se debe confundir a la Iglesia con el templo”.
Además, expresaron que las iglesias evangélicas están a favor de la vida y la dignidad humanas, por lo que “acatan las medidas necesarias en la lucha contra la pandemia, orando por la sociedad y sus autoridades”.
Días previos a la entrevista, Rosas ya había señalado en sus redes sociales que la Iglesia “nunca ha estado sujeta o dependiente de la autoridad civil o el consenso social” porque “más vale obedecer a Dios que a los hombres” y no importa la cárcel, la tortura o la muerte “mientras uno esté sirviendo y obedeciendo al Señor”.
Ante esta publicación y el aumento de contagios en el país, Óscar Medina Guzmán, presidente de la Asociación Iglesia del Nazareno en Perú, publicó un comunicado en el que precisó que seguirán sometiéndose “a las disposiciones de nuestro gobierno y cumpliendo con los protocolos establecidos para evitar contagios”.
También instaron a sus fieles a que continúen con sus adoraciones “desde nuestros hogares” y los exhortaron a que sigan usando medios de comunicación “para seguir predicando y recibiendo la palabra de Dios”.
No es la primera vez que Rosas desafía las decisiones del gobierno de Martín Vizcarra. El 3 de abril, al inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se implementó la medida de “pico y género” que restringía la circulación de los ciudadanos según su género: los hombres circulaban los lunes, miércoles y viernes mientras que las mujeres lo hicieron los martes, jueves y sábados. Los domingos nadie salía.
Al momento de anunciar esta medida, el presidente Vizcarra dijo que su gobierno es inclusivo y que esta división por género no debería propiciar actos de discriminación. Además, el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, precisó que las fuerzas del orden que se encuentren con personas trans no necesitarán solicitar el DNI para dejarlas transitar en los días indicados en el Decreto Supremo. Morán lo resumió de manera clara: “Si está con apariencia física de mujer, es mujer; si está con apariencia física de hombre, es un hombre”.
Sin embargo, desde un inicio se advirtió que esta medida podría originar episodios de maltrato a la comunidad transgénero por parte de la Policía o las Fuerzas Armadas, que no se encontraban suficiente concientizados para el respeto de su identidad de género.
Esta sospecha se confirmó con el transcurso de los días, ya que se dieron a conocer múltiples denuncias públicas en las que mujeres trans eran retenidas en la calle u obligadas a realizar sentadillas dentro de una comisaría mientras repetían la frase “Soy hombre”.
El 4 de abril, Christian Rosas publicó en su página de Facebook un llamado a la desobediencia: “Todo cristiano en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú debe prepararse para desacatar toda orden que viole la verdad, la conciencia y la Constitución Política del Perú”. Consideró que la norma es una “afrenta” que “busca asesinar moral y espiritualmente a los agentes del orden”.
En otra entrevista con Juliana Oxenford, Rosas indicó que la identidad de género no existe en el ordenamiento jurídico peruano y que la Policía tiene como una de sus atribuciones requerir la presentación del DNI a cualquier ciudadano cuando el caso lo amerite. “El presidente no puede, con su opinión, impedir que la Policía cumpla su función. Los narcotraficantes o las personas que tienen requisitorias podrían disfrazarse de transexuales para evadir la ley”, indicó.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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