Antes de llegar al hospital de Recife para realizar el aborto legal, los datos de la niña víctima de la violencia ya habían sido filtrados en Internet por grupos ultraconservadores, de los que forma parte la extremista Sara Giromini, conocida como Sara Winter. La extremista fue arrestada por su actuación en las protestas antidemocráticas de los llamados «300 de Brasil».
Pero Sara ya ha trabajado en el ministerio de Damares al frente de la Coordinación General de Atención Integral al Embarazo y la Maternidad, una posición estratégica. Poco después de dejar el cargo, realizó viajes a Argentina, Colombia y Uruguay, donde participó en eventos antiaborto.
Además de estar vinculada a Sara, Damares también tendría vínculos con entidades estadounidenses que han destinado 280 millones de dólares para defender el programa antiaborto a nivel mundial, según una investigación de la Open Society.
En 2019, la ministra visitó la Fundación Heritage y la Alianza para la Defensa de la Libertad. Solo en América Latina, el ADF asignó casi un millón de dólares para promover los programas antiaborto.
Pero «en Brasil, el principal actor de la agenda antiaborto es el gobierno», dice Sônia Corrêa, coordinadora de la Vigilancia de la Sexualidad y la Política. El pasado mes de octubre, el país firmó la declaración de Ginebra junto con los Estados Unidos, Hungría, Egipto e Indonesia. El documento habla en contra de las políticas de acceso al aborto y a favor de la familia.
Sônia dice que la articulación de las entidades brasileñas con otros países latinoamericanos para revertir el movimiento de la pandemia no es tan intensa, ya sea por dificultades de idioma o porque los defensores de la agenda ya están en el poder en el país. «Un ejemplo es que el caso de la niña de Espírito Santo siguió siendo un caso nacional y no tuvo una proyección regional como un caso latinoamericano», sostiene.
Explicó que los grupos antiaborto se articulan en varios niveles, «a través de los representantes en el parlamento, el tejido religioso en su complejidad -la Iglesia Católica y los evangélicos-, así como los actores e instituciones estatales, y una serie de organizaciones antiaborto y de género en la sociedad civil». «Esto con vínculos a una serie de organizaciones con instituciones en América Latina, los EE.UU. y Europa», añadió.
La investigadora explica que la articulación entre estos grupos y fuerzas ocurre «dependiendo de la situación y el interés». «En general, a la gente le viene a la mente un modelo de una gran red, pero el modo de articulación es diferente. Hay algunos polos fragmentados», dijo. Nombres como el del asesor político Steve Bannon, y organizaciones como el Vaticano tienen una posición central en agendas como la del antiaborto en el mundo, «pero no todo está relacionado con estos actores», dijo Sônia, para quien estos movimientos actúan con una estrategia rizomática (una raíz con múltiples ramas) y dinámica.
«Por ejemplo, el movimiento ‘Con mis hijos no te metas’, una iniciativa muy exitosa en el Perú, que se opone al enfoque de género en la educación, ciertamente tiene vínculos con los evangélicos en el Brasil. Pero no se puede decir que estén directamente relacionados con la cuestión de la educación sobre el género en el Brasil», argumentó.
Brasil es diferente de otros países latinoamericanos, donde estos movimientos dejan mucho más de la sociedad y tienen un pie en el gobierno. «Aquí empiezan desde el propio gobierno», concluyó la investigadora.
